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Fuente: El Mundo // 03 de junio del 2022

Un adolescente de 16 años fue detenido y privado de libertad durante 13 días tras ser acusado de pertenecer a una pandilla durante el Régimen de Excepción decretado en El Salvador desde el 27 de marzo. Durante su primera noche, fue encadenado a la pared en un centro de detención policial para adultos y expresó haber sido golpeado por agentes policiales. Posteriormente, lo trasladaron a un Centro de Resguardo de Menores, donde miembros de una pandilla con quienes compartía celda le torturaron continuamente, mediante puñetazos en la cabeza y la cara, patadas en el pecho y abdomen y amenazas constantes.

Este es solo un extracto de un informe publicado este jueves por Amnistía Internacional, que denuncia que, durante el Régimen de Excepción decretado por el Gobierno de Nayib Bukele en el marco de su «guerra contra las pandillas», han fallecido hasta el 28 de mayo 18 personas bajo tutela del Estado que estaban privadas de libertad y advierte que el número se puede incrementar en los próximos días «dada las precarias condiciones carcelarias».

Así, la Directora para las Américas de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, advirtió de que «la política implementada por el Gobierno podría dar lugar a responsabilidad penal internacional», teniendo en cuenta que las autoridades salvadoreñas «han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos».

Mientras, Bukele saca pecho y aprovechó el tercer aniversario de su mandato que se conmemoró este miércoles para defender el Régimen de Excepción, que se ha prolongado ya en dos ocasiones por 30 días más en la Asamblea Legislativa, la última la semana pasada. En un discurso a la Nación en la misma Asamblea donde su partido tiene mayoría, el mandatario salvadoreño recalcó que «hoy estamos muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas», gracias a una medida que ha permitido la detención sin orden judicial de «más de 36.000 terroristas», que podrían pasar «hasta 45 años en prisión».

Por orden de Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó el citado Régimen, que supone la suspensión de varios derechos constitucionales, después de que las pandillas acribillaran entre el 25 y 27 de marzo a 87 personas al azar que ni siquiera estaban en un principio en la mira de estos grupos criminales. Ello se tradujo en más de dos meses de detenciones sin orden judicial, la suspensión de la libertad de asociación y reunión y el derecho de defensa y la posibilidad de estar privado de libertad durante 15 días sin pasar a disposición judicial, en lugar de las 72 horas de plazo máximo que establece la Constitución del país centroamericano.

«Este es el momento más importante de la historia de nuestro país, es una guerra entre todos los salvadoreños honrados contra los criminales que nos tuvieron en la zozobra, el luto y la miseria por años. Hoy que estamos tan cerca de ganar, hago un llamado a todos los salvadoreños a que apoyemos sin titubeos esta batalla, no desaprovechemos la única oportunidad que vamos a tener, porque o lo logramos ahora o no lo logramos nunca», advirtió.

«CRIMINALIZAR LA POBREZA»

Sin embargo, la supuesta «guerra contra las pandillas» está sirviendo, a juicio de Amnistía Internacional, para «criminalizar a las personas en situación de pobreza», tal como lo ha documentado una investigación de esta organización. Concretamente, ha encontrado que «miles de personas están siendo detenidas sin que se cumplan los requisitos legales, sino únicamente por ser percibidos por las autoridades como personas señaladas como criminales en los discursos de estigmatización del Gobierno, ya sea por tener tatuajes o simplemente por vivir en una zona controlada por una pandilla, que son zonas con altos niveles de marginación y abandono estatal histórico».

Además, ha documentado 28 casos de violaciones de derechos humanos, correspondientes a 34 personas, mientras que ha detectado audiencias que pueden llegar a realizarse contra 500 acusados a la vez y son resueltas «de forma sumaria» sin posibilidad de que se puedan defender y prácticamente, todas son sujetas a proceso por parte del poder judicial y enviadas a prisión preventiva, «aun cuando no exista ninguna evidencia».

Por otro lado, Amnistía Internacional denuncia que en prácticamente todos los casos documentados, las personas expresaron que hubo momentos en los que no sabían dónde se encontraban detenidos los familiares y «al menos en un caso siguen sin saberlo, lo que podría constituir en desaparición forzada». «Es alarmante observar cómo los tres poderes del Estado, incluyendo las instituciones de justicia, están funcionando de manera sumamente coordinada para procesar de forma sumaria, ilegal e indiscriminada a miles de personas», critica Erika Guevara Rosas.

En la misma línea se ha expresado la Directora en funciones de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, Tamara Taraciuk, quien ha denunciado que en el Régimen de Excepción en El Salvador hay «arrestos arbitrarios que se constituyen en desapariciones forzadas de corto plazo al no saberse el destino de la gente desaparecida». Así, ha indicado que su organización ha documentado «graves violaciones de Derechos Humanos, como arrestos arbitrarios y abusos en detención».

LA POBLACIÓN APOYA LA GESTIÓN DE BUKELE

Pese a todo ello, Bukele inicia su cuarto año de mandato con un gran apoyo popular, tal como lo reflejan diferentes encuestas publicadas esta semana, que revelan que el Presidente salvadoreño cuenta con un 87 por ciento de aprobación de su gestión e incluso siete de cada diez personas apoyarían su reelección. El mandatario es consciente de este respaldo y lo achaca a su ‘guerra contra las pandillas’ desde que pusiera en marcha su Plan de Control Territorial nada más iniciar su mandato en junio de 2019.

«Hoy frente a esta Asamblea estoy para decir algo que muchos pensaron que era imposible y que hasta hace poco nadie hubiera creído que fuera así y es que estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas», insistió, al tiempo que remarcó que «ésta es la batalla más difícil que hemos conquistado hasta ahora incluso mayor que la pandemia».

Bukele lamentó que, tras la firma de los acuerdos de paz en 1992 que pusieron fin al conflicto armado que asoló El Salvador durante 12 años, «la guerra no terminó, sino que solo cambió de forma y durante los últimos 30 años, más de 120.000 salvadoreños fueron asesinados por las pandillas sin contar las decenas de miles de personas desaparecidas, millones de extorsionados, heridos, asaltados, amenazados, desplazados y secuestrados». Ello, según apuntó, obligó a 2 millones de salvadoreños a emigrar, la mayoría de ellos a EEUU, si bien, a su juicio, esta situación está cerca de acabar, gracias a que su gobierno se propuso «combatir ese cáncer eliminándolo de raíz».

Bukele destacó que, gracias al Plan de Control Territorial, que incorporó 1.500 nuevos policías y se quintuplicó el número de soldados asignados a la seguridad, «llevamos tres años fuera de los países más violentos del mundo», tras reducir los homicidios «en más de un 80 por ciento», hasta el punto de que «en tres años de Gobierno, llevamos 128 días sin homicidios». A pesar de ello, lamentó que, a finales de marzo, «las pandillas lograron coordinar un ataque a escala nacional que dejó 87 salvadoreños muertos», lo que provocó que Bukele pidiera a la Asamblea Legislativa que aprobara un Régimen de Excepción, que se va a prolongar ya por tres meses.

«Este tipo de herramientas nos ha permitido atrapar más rápido a los pandilleros y poder desarticular las estructuras antes de que puedan orquestar otro ataque a la población», recalca, aunque reconoce que todavía hay un «número considerable de pandilleros sueltos que temen cometer crímenes porque saben que los vamos a atrapar». En esta línea, subrayó que «antes, los pandilleros se tatuaban para sentirse orgullosos de quienes eran y de lo que hacían y ahora se los maquillan y hasta se los queman para no ser reconocidos».

Además, Bukele aprovechó su discurso para lanzar un mensaje a la comunidad internacional: «hoy tienen que saber que El Salvador es un país soberano, libre e independiente y aquí vamos a tomar las decisiones que consideramos correctas para nosotros». Por ello, aseguró que «todos los que quieran apoyarnos son bienvenidos a construir este sueño, pero los que no, mejor apártense porque no vamos a permitir que vengan a nuestra casa a decirnos qué hacer o a darnos órdenes». De este modo, negó que El Salvador sea una dictadura, sino que lo que hay es «liderazgo democrático, valentía y firmeza», respondiendo así a las críticas que apuntan a que Bukele controla el poder ejecutivo, legislativo y judicial, gracias a la influencia de su partido, Nuevas Ideas.

Fuente:
https://www.elmundo.es/internacional/2022/06/03/62995af0fdddffcb9c8b45a1.html

Acerca del Autor | Amanda Padron

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