Al Gobierno se le vuelve a complicar el inicio de la tramitación de la ley de vivienda. Este viernes, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió, por una amplia mayoría de 15 votos a 6, tumbar una propuesta de informe que, en líneas generales, avalaba la norma y planteaba que el mecanismo de regulación del precio del alquiler respetaba «el derecho a la propiedad privada». El CGPJ ha decidido que otros dos vocales elaboren un nuevo informe, que no se votará hasta el próximo día 27 de enero, lo que impedirá que el Gobierno dé por fin luz verde al inicio de la tramitación de la ley el próximo martes 18, como tenía previsto.
Los vocales elegidos para elaborar un nuevo borrador de informe sobre la ley de vivienda serán José Antonio Ballestero y Enrique Lucas, que sustituirán en esa tarea al también vocal Álvaro Cuesta, exdiputado del PSOE. El informe rechazado este viernes señalaba que el mecanismo de regulación de precios del alquiler es semejante a otros «utilizados en países de nuestro entorno», y planteaba que «no desnuda al contenido esencial del derecho de propiedad sobre los inmuebles residenciales de sus rasgos definitorios». En la misma línea, el borrador rechazado señalaba que la regulación de los alquileres «se mueve dentro de los cánones que contempla la doctrina constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
El rechazo del borrador por parte del CGPJ -cuya composición sigue en funciones a causa de la negativa del PP a negociar su renovación- supone un nuevo revés para el Gobierno en relación a la ley de vivienda, a la que tenía intención de dar luz verde antes de fin de año para que comenzara a tramitarse en el Congreso. Si no lo hizo entonces fue porque al Ejecutivo le faltaba el informe del órgano de gobierno de los jueces, si bien la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, prometió que la norma se aprobaría en el Consejo de Ministros del próximo martes, lo que tampoco va a ser posible.
Transportes, por el momento, no se ha pronunciado sobre la decisión de la mayoría de los miembros del CGPJ en funciones. Por el contrario, fuentes de Unidas Podemos -que, a través del Ministerio de Derechos Sociales, es coautor de la ley- mostraron su «preocupación» por lo que consideran unos «retrasos injustificables a una ley que tiene que dar respuesta a la emergencia habitacional que vive nuestro país».
Algunas críticas a la ley
El texto rechazado este viernes daba, en líneas generales, su beneplácito a la norma, ya que consideraba que es un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda que recoge la Constitución. No obstante, también echaba en falta algo más de «concreción» en algunos puntos de la norma y, además, alertaba de que dejar en manos de las comunidades autónomas la puesta en marcha del mecanismo de regulación de los precios del alquiler podría provocar que vea «fraccionada su efectividad, que no será homogénea».
En este sentido, el borrador apuntaba que «la efectividad de las medidas de contención de precios» estaría según la ley «condicionada» a que las comunidades desarrollen y apliquen las declaraciones de zonas de mercado tensionado, así como a que elaboren su propio «sistema de referencia del precio del alquiler de vivienda», el índice que serviría como tope que no podrían superar los alquileres de pisos de grandes fondos. Y que dependa de cada comunidad si esto ocurre o no, señalaba el informe rechazado por el CGPJ, implica que «la norma anteproyectada verá fraccionada su efectividad».
Al vocal Cuesta tampoco le convencía que el anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno no incluya mecanismos administrativos para obligar a que se cumplan las limitaciones de precios establecidas en el mecanismo de los alquileres, y por ello el borrador criticaba que los posibles incumplimientos se dejen en manos de la justicia. «El prelegislador […] parece haber renunciado a regular mecanismos pre o extra procesales específicos tendentes a asegurar el cumplimiento de las limitaciones», lo que implica que deberá encargarse de ello «la jurisdicción ordinaria». Eso supone, denunciaba el informe, incrementar «la carga de trabajo, ya de por sí elevada, que soportan los tribunales».
