La reforma laboral ya es una realidad. El Consejo de Ministros de este martes, previsiblemente el último del año, aprobó el real decreto que llevará al BOE el acuerdo alcanzado la semana pasada por Gobierno, patronal y sindicatos para reformar los contratos temporales o la subcontratación, reequilibrar la negociación colectiva o establecer un mecanismo permanente de ERTE. La nueva normativa entrará en vigor el 1 de enero, a excepción de la parte relativa a la temporalidad, para la que las empresas tendrán un periodo de tres meses para adaptarse.
Así lo explicó este martes la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que participó junto al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá; el titular de Agricultura, Luis Planas; y la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. Díaz definió la reforma como un «cambio de paradigma» para «pasar página a la precariedad en España», y aseguró que «es el primer acuerdo en más de 40 años que cambia la tendencia de pérdida y recorte de derechos y devaluación salarial sin precedentes que ha sufrido nuestro país».
La vicepresidenta celebró que la reforma sea fruto de un pacto con sindicatos y patronal, y aseguró que servirá para solucionar la «anomalía» española: la alta tasa de temporalidad del mercado laboral de nuestro país. La nueva normativa, recordó, presumirá que todos los contratos son indefinidos a excepción de «un único tipo de contrato temporal muy restringido», que las empresas podrán utilizar únicamente si acreditan tres causas: sustituciones de empleados ausentes, aumentos imprevistos de la demanda o la producción y aumentos previstos de la actividad acotados en el tiempo.
Eso implica, insistió en varias ocasiones Díaz, que desaparecen contratos como el de obra y servicio, la principal puerta de entrada al fraude y la precariedad, sostuvo la vicepresidenta. Tal y como explicó, a partir del 1 de enero las empresas contarán con un plazo de tres meses para adecuar estos contratos temporales a la nueva normativa, y en el caso de los contratos por obra y servicio podrán mantener los que se encuentren ya en vigor por un periodo máximo de seis meses.
La vicepresidenta también recordó que la reforma laboral incluye un nuevo sistema de sanciones más duro para quienes utilicen los contratos temporales de manera fraudulenta. Antes, a una empresa solo podía sancionársela con un máximo de 8.000 euros si utilizaba la temporalidad en fraude de ley, fueran uno o 1.000 los contratos temporales irregulares que mantenía. Ahora, explicó Díaz, las sanciones serán por cada trabajador, y cada una de ellas -no el total- tendrá una cuantía máxima de 10.000 euros, lo que podría suponer multas totales mucho más cuantiosas.
En todo momento, la vicepresidenta quiso dar un tono solemne a la presentación de la reforma laboral y aseguró que este martes «es uno de los días más importantes de esta legislatura y del Gobierno de España» porque se aprueba «la primera reforma» en muchos años «en el ámbito de la UE» que «recupera derechos y fuerza» para los trabajadores. Y quiso acordarse, especialmente, del colectivo de los jóvenes y el de las mujeres, de quienes dijo que en muchos casos «no han conocido un contrato que no sea basura en su vida» y a los que aseguró que esta nueva normativa «da esperanza».
