Erold, un haitiano de 25 años varado en la frontera desde hace dos meses, tiene un mensaje para el juez Robert Summerhays: “No mezcle la vida de la gente con la política”. Hasta esta brecha de tierra a pocos metros del Río Bravo llegó la noticia de que un magistrado de Luisiana, a casi 1.000 kilómetros de ese río color verde que separa México de Estados Unidos, ha dejado en pie una norma sanitaria que permite expulsar rápidamente migrantes por una pandemia que ya pocos recuerdan. “Queremos cruzar legalmente. Todos los haitianos queremos ir a trabajar y vivir en paz”, dice en inglés Erold, quien era maestro en Puerto Príncipe, la capital de Haití. La decisión judicial anunciada el pasado viernes, que mantiene la expulsión en caliente de los migrantes que crucen la frontera sur de Estados Unidos desde México, extendió indefinidamente el limbo al que este inmigrante y cientos como él están condenados desde hace meses.
El fallo de Summerhays, quien llegó a la Corte de distrito de Luisiana nombrado por Donald Trump, ha puesto en pausa los planes de la Administración de Joe Biden para encauzar la política migratoria de Estados Unidos. La medida sanitaria iba a ser levantada el lunes 23 de mayo, pero el juez la ha prorrogado de momento. Esto ha traído calma del lado estadounidense en un año electoral. “Para nosotros fue un alivio. Es lo que queríamos”, dijo el domingo el alcalde Javier Villalobos, el primer republicano elegido en la ciudad de McAllen en casi 25 años. El político afirma que el Título 42 [una orden de salud pública] permite a las autoridades locales detener y expulsar a unas 1.500 personas. “Pero si lo levantaban íbamos a recibir muchísimos más. ¿Qué pasaba? Nos hundimos”, afirmó en una entrevista con Telemundo.
