El gobierno venezolano había reportado hasta este 27 de mayo 1.245 casos y 11 muertes con coronavirus, unas cifras muy por debajo de las de los países de su entorno.
El último estudio en dar la voz de alarma ha sido uno elaborado conjuntamente por la ONG Human Rights Watch y por los centros para Salud Pública y Derechos Humanos y para Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins, la institución que diseñó el mapa de seguimiento de la pandemia de referencia en todo el mundo.
Según el estudio, «la absoluta falta de preparación del sistema de salud venezolano» agrava el riesgo de propagación del virus en América Latina y hace necesario el envío urgente de ayuda humanitaria.
Sus conclusiones están basadas en el trabajo de un equipo de expertos que realizó entrevistas en profundidad a personal sanitario en 14 hospitales venezolanos, así como a trabajadores humanitarios y expertos en sanciones en los últimos meses, antes del inicio de la pandemia.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESLa vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó el 5 de mayo que Venezuela tenía la menor tasa de fallecidos y contagiados del continente americano.
Pero en los últimos días, el informe diario del gobierno ha recogido un incremento sostenido de los contagios.
Hay informes que indican que los casos reales son muchos más de los reportados por las autoridades y que la curva de los contagios podría aumentar pronunciadamente en las próximas semanas, poniendo al límite de sus capacidades a uno de los países más vulnerables, según Naciones Unidas.
De acuerdo a un reciente estudio de la Academia de Ciencias de Venezuela, el país debe prepararse para que el pico de la pandemia llegue entre los meses de junio y septiembre, con entre 1.000 y 4.000 nuevos casos diarios. El martes el gobierno informó de 34 contagios nuevos.
«En Venezuela, el desarrollo de la epidemia ha experimentado un retardo como consecuencia del confinamiento de la población en las fases iniciales del contagio. Sin embargo, no parece factible que la epidemia detenga su avance», señala el informe.
Derechos de autor de la imagenGETTYPara José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, «lo de Venezuela es una bomba de tiempo que está a punto de estallar».
Falta de tests fiables
Desde que hace ya más de dos meses decretó una cuarentena nacional, el gobierno de Nicolás Maduro insiste en que lleva a cabo un «programa de despistaje masivo y personalizado».
El 28 de abril, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez afirmó que Venezuela «es el país de América Latina que más pruebas por millón de habitantes ha realizado», con más de 15.500.
Pero, de acuerdo con el informe de situación publicado el 22 de mayo por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, la inmensa mayoría de las pruebas realizadas por las autoridades venezolanas han sido tests rápidos «de sensibilidad limitada».
Solo un 2,3% habían sido pruebas PCR, las consideradas más fiables por la Organización Mundial de la Salud.
El gobierno solo ha autorizado la realización de las pruebas diagnósticas al Instituto Nacional de Higiene, ubicado en Caracas, lo que, según expertos médicos consultados por BBC Mundo que no quisieron dar su nombre por temor a represalias, limita la capacidad de detectar la penetración del virus en territorio venezolano.
«Se ha propuesto al gobierno que clínicas privadas y universidades puedan sumarse al esfuerzo para la realización de pruebas y ha contestado que no. Da la impresión de que la prioridad para ellos es el control de la información antes que el combate a la pandemia«, indicaron.
Ya el informe de la Academia incluyó entre sus recomendaciones la «descentralización del diagnóstico mediante la incorporación de otros laboratorios» con capacidad para llevar a cabo las pruebas PCR.
Poco después de hacerse público, Diosdado Cabello, uno de los más destacados dirigentes chavistas, afirmó en su programa televisivo que el informe «era una invitación a que los organismos de seguridad del Estado llamen» a sus autores, algo que fue interpretado como una amenaza.
