El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue la principal decisión del Gobierno Nacional para financiar y ajustar la economía. Este organismo entregó en tres partes los USD 1 403 millones, que se comprometió para este año. Los restantes USD 2 797 millones acordados llegarán hasta el 2021 siempre que el Régimen cumpla con la restauración de la prudencia en la política fiscal y fortalezca el marco institucional del Banco Central. Además, debe reforzar el sistema financiero, apoyar la creación de empleo y competitividad, proteger a los segmentos pobres y vulnerables, y promover la transparencia y el buen gobierno. Ecuador también recibió financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y otros entes. En total, los multilaterales tenían previsto conceder USD 4 626 millones. De ellos, 3 036 millones ya llegaron al país y el resto está aprobado o pendiente para el desembolso, según Finanzas. El titular de esa Cartera de Estado, Richard Martínez, destacó los acuerdos con los multilaterales porque prestan a tasas del 2,5% al 4% y a 20 o 25 años plazo, “que no se hallan en otros lados”. Y dijo que en el caso del Fondo son recursos de libre disponibilidad. El exministro de Economía, Fausto Ortiz, coincidió con ese criterio. Según él, el acuerdo con el FMI permite al Gobierno cumplir los objetivos de iniciar el ajuste de la economía, financiarse con recursos frescos y baratos y ofrecer confianza en el exterior. “Nuestros costos financieros en el mercado de bonos han sido superiores al 9% y seguimos requiriendo fuentes de financiamiento”. El mercado internacional, agregó Ortiz, demanda que el Ecuador tenga un plan de ajuste creíble y la mejor manera de brindar confianza es tener el aval de los multilaterales. Esa señal se dio al mundo cuando el Directorio del FMI aprobó los dos últimos desembolsos del 2019 por USD 498 millones, que estaban pendientes. En el ámbito fiscal, el Régimen priorizó subir ingresos, más que ajustar gastos, pese a los anuncios. Pero que haya bajado USD 100 millones en el gasto corriente es un inicio, dijo Ortiz, porque marca el cambio de la tendencia. En 2020 se prevé otro ajuste. El analista económico Walter Spurrier recordó que el problema fiscal es causado por el crecimiento de la burocracia y ese gasto se pretendió cubrir con alza de impuestos y el retiro de los subsidios a los combustibles. Pero las decisiones generaron descontento y se tuvo que reducir la vara y recalibrar las metas del programa. La eliminación de los subsidios no se concretó, tras las violentas protestas de octubre, aunque Lenín Moreno anunció que hará otro intento. Spurrier dijo que, si bien la Asamblea aprobó una reforma tributaria, no fue en los niveles esperados por el Gobierno como subir tres puntos del IVA. Más bien, el texto incluyó tributos y contribuciones para las personas de clases media y alta y para las grandes empresas. Incluso, el FMI consideró apropiado ajustar la meta de consolidación fiscal. Por lo que ya no tendrá que aumentar los ingresos del 2% del Producto Interno Bruto sino de 1,7%. Para cubrir el hueco fiscal este año también se recurrió a deuda, interna y externa. El país cerrará el año con una contracción económica. El Banco Central estima que el paro cambió el pronóstico inicial de crecer 0,2%. Según Ortiz, el mundo, en general, crece más lento que en el pasado y los países a donde exporta Ecuador no son la excepción, por eso el país tiene problemas. Además, por la necesidad de recortar el déficit fiscal se redujo la obra pública, lo que incidió en la recesión. Esta inversión fue de USD 14 000 millones en 2014 y bordea los 6 000 millones en 2019. El decano de Ciencias Económicas de la Universidad de Las Américas, Vicente Albornoz, definió al 2019 como “el año en que se empezó a tomar el remedio, pero en dosis bajas. El 2020 será el año duro del ajuste”. Datos 11 de marzo. El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el acuerdo de financiamiento con Ecuador. 1 de octubre. El Gobierno eliminó el subsidio al diésel y a las gasolinas extra y ecopaís. Tras un paro, se dio marcha atrás. 18 de octubre. El Ejecutivo envío la Ley de crecimiento económico a la Asamblea; fue rechazada por tener reformas a 22 leyes. 17 de diciembre. La Asamblea aprobó la Ley de Simplificación Tributaria que reemplazó a la reforma económica rechazada.
