Para la Fiscalía, las cifras no cuadran. Este argumento se sustenta en informes de riesgos tributarios y documentos de la Unidad de Análisis Financiero. En estos se escudriñan las operaciones económicas del empresario imbabureño Mauro Flores Guerra y de Pedro Rivadeneira Sandretti, padre de la asambleísta Gabriela Rivadeneira, asilada en México. Sobre Flores, la Fiscalía dice que entre el 2012 y el 2018 reportó al Servicio de Rentas Internas (SRI) ingresos por USD 2 millones. Pero en sus cuentas bancarias se acreditaron depósitos por 7,9 millones. La diferencia, de USD 5,9 millones, constituye el principal argumento para que el juez Freddy Sevillano haya dictado prisión preventiva el viernes pasado (10 de enero del 2020) y haya validado los cargos por supuesto enriquecimiento privado no justificado. En el caso de Rivadeneira, la Fiscalía lo acusa por supuesta asociación ilícita. En el allanamiento del jueves pasado (9 de enero) se le encontraron USD 12 000 en efectivo. Este monto más sus ingresos en los últimos siete años no superan los 200 salarios. El art 297 del Código Penal señala que hay enriquecimiento privado no justificado cuando el dinero indagado supera ese monto. Por eso el juez no halló indicios para procesarlo por ese delito. En su fallo le ordenó presentarse periódicamente y prohibió salir del país. Según el expediente, el nexo entre Rivadeneira y Flores se da por la venta de un terreno en el 2017, ubicado en una zona rural de Otavalo, en Imbabura. La propiedad era de Rivadeneira y estaba valorada en USD 171 500. Pero el predio fue vendido en USD 60 000. Lo que llama la atención a los investigadores es que la suma de dinero no ingresó a ninguna cuenta bancaria. Tampoco se reportó la transacción al SRI. “La Fiscalía dice que es una venta ficticia, porque que no asoma la plata. Pero no es así. Mi cliente recibió el dinero en efectivo”, indicó Franklin Arévalo, abogado de Rivadeneira. Sostuvo que hay una escritura que avala la operación. Según el jurista, su cliente usó USD 20 000, para pagar sus tarjetas de crédito, el resto lo guardó. “Ese es todo el argumento de este caso: la venta de un terreno. Aquí no hay ninguna asociación ilícita ni otros delitos y esperamos que el juez reconozca eso”, agregó Arévalo. Para la Fiscalía, esta no es la única inconsistencia. De acuerdo con los reportes del SRI, Rivadeneira registró un inmueble ubicado en Cotacachi, en Imbabura, cuyo avalúo catastral era de USD 742 506 en el 2015. Un año después, el valor se redujo a USD 417 570. En el expediente del caso, las declaraciones de impuesto a la renta también forman parte de las evidencias. Sobre Flores, el órgano de control tributario indica que pese a haber tenido ingresos por USD 7,9 millones en siete años, su único pago por impuestos fue en el 2015 por USD 777. En cambio, Rivadeneira no registra pagos por impuesto a la renta desde el 2002 hasta la fecha. El último trabajo que registró Rivadeneira fue como administrador de un hotel ubicado en Atacames, en Esmeraldas. Estuvo desde septiembre del 2017 hasta mayo del 2019. Según la Unidad de Análisis Financiero, el dueño del hotel registró a Rivadeneira como firma autorizada para que pudiera manejar una cuenta de ahorros, ya que el propietario está radicado en EE.UU. Los agentes analizaron los ingresos a esa y otras cuentas bancarias y los compararon con las declaraciones. De nuevo, los investigadores hallaron inconsistencias. Entre el 2012 y el 2018, el dueño del hotel tuvo ingresos por USD 2,1 millones, pero al SRI informó 866 044. En diciembre del 2018, la entidad le notificó a Rivadeneira con el inicio de un proceso de control para aclarar las cuentas que no cuadran. El dueño del hotel no está imputado, pero de acuerdo con la denuncia de Iván Granda, antiguo secretario Anticorrupción, y Marisol Andrade, directora del SRI, los hallazgos serían parte de la misma trama. En la denuncia también se menciona la relación del hotel con Worley Parsons, empresa que fiscalizó la rehabilitación de la Refinería del Esmeraldas. Esta firma aparece como principal cliente del hospedaje.
