El debate sobre la financiación autonómica comienza a abrirse paso en España. El actual sistema lleva caducado desde 2014 y diferentes comunidades reclaman que se actualice una fórmula que no contenta a casi nadie y en la que algunos dirigentes autonómicos ven un agravio territorial. El Ministerio de Hacienda presentó el viernes una primera propuesta a los gobiernos autonómicos que en líneas generales beneficia más a las autonomías más envejecidas y perjudica a las más pobladas.
La semana pasada, ocho presidentes de la ‘España rural’ –los de Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla y León y Galicia– habían exigido que el nuevo modelo tenga más en cuenta factores como la dispersión y el envejecimiento, y que se negocie para todas las comunidades a la vez –y no de forma bilateral con territorios como Cataluña.
Lo cierto es que el sistema actual funciona con un mecanismo tan sumamente críptico, intrincado y complejo que mantener un debate informado fuera del mundo académico se antoja prácticamente imposible. El proceso mediante el cual las autonomías obtienen sus ingresos es de todo menos intuitivo. Desde que los gobiernos regionales reciben su parte de los impuestos que les cede el Estado hasta que esto se traduce en ingresos definitivos intervienen varios mecanismos de redistribución, plagados de variables y coeficientes que a veces se contradicen, se repiten y que en muchos casos son completamente arbitrarios.
Su complejidad podría resumirse en el siguiente diagrama que resume, de izquierda a derecha, el camino que siguen los impuestos hasta llegar a las arcas de los gobiernos autonómicos. A simple vista resulta incomprensible, pero si se analiza el proceso paso por paso al final todo cobra cierto sentido. Estas son algunas claves para entender cómo funciona en España la financiación autonómica:
1. Lo primero, los impuestos
Como en todo presupuesto que se precie, el primer paso para entender cómo se financian las comunidades autónomas comienza por los ingresos, que en este caso proceden prácticamente en su totalidad de los impuestos. De las 17 comunidades que constituyen España, todas -a excepción del País Vasco y Navarra- forman parte del sistema. La norma que rige en estos dos territorios es el fuero, que permite a los gobiernos vasco y navarro cobrar, gestionar y liquidar los impuestos estatales por su cuenta.
El resto de autonomías están sometidas al llamado régimen común de financiación, dentro del cual Canarias -por su geografía especial- y Ceuta y Melilla tienen, a su vez, características propias. Este régimen común y la ley que lo desarrolla llevan funcionando de la misma manera desde 2009, aunque el mecanismo debía haber sido revisado en 2014.
La gran mayoría de ingresos que reciben las comunidades autónomas proceden de los tributos que les cede el Estado. Estos impuestos se pueden diferenciar entre los que los territorios pueden subir o bajar, como son el tramo autonómico del IRPF y los impuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales o sobre el juego; y los que no pueden ‘tocar’, como son el IVA y los impuestos especiales a la electricidad, los hidrocarburos, el alcohol, el tabaco…
![](data:;base64,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 656 370' width='656' height='370'></svg>» alt=»Ocho presidentes autonómicos se reúnen en el marco del "Foro Santiago, Camino del Consenso", para pedir una financiación justa.» width=»656″ height=»370″ data-type=»src» data-src=»https://imagenes.20minutos.es/files/image_656_370/uploads/imagenes/2021/11/23/ocho-presidentes-autonomicos-se-reunen-en-el-marco-del-foro-santiago-camino-del-consenso-para-pedir-una-financiacion-justa.jpeg» /></a></figure>
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El IVA (cada comunidad se lleva el 50% de lo recaudado en su territorio), el IRPF (cada una ingresa su cuota autonómica) y los impuestos especiales aportan la gran mayoría de ingresos de los gobiernos autonómicos. En 2019 -último año con datos disponibles- los ingresos que recibieron por estos tres tributos ascendieron a 95.543,8 millones de euros (el 73% del sistema). Otros 18.231 millones (14%) correspondieron al resto de tributos (Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones, Juego y otras tasas) y los 16.354,8 millones restantes (12,6%) llegaron por aportaciones extra del Estado.
Sin embargo, la ley permite a los gobiernos autonómicos quedarse solo con uno de cada cuatro euros de lo que ingresan de su parte correspondiente de los impuestos que les cede el Estado. Los otros tres restantes van a parar directamente al denominado Fondo de Garantía de Servicios Públicos Estatales. (Fondo de Garantía).
Este fondo funciona como una especie de hucha gigantesca a la que todas las comunidades aportan el mismo porcentaje de sus ingresos. Sin embargo, cuando se ‘rompe’ y toca repartirla, la distribución se hace en función de un intrincado sistema de coeficientes. A partir de aquí es cuando las cosas empiezan a complicarse.
