El pasado 16 de enero, el gobierno de Nicolás Maduro debía rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional (CPI) acerca de sus avances en las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas desde 2017. Sin embargo, el 18 de enero, se conoció que el fiscal Karim Khan otorgó un plazo de tres meses al Estado venezolano, por lo que la presentación de los avances deberá efectuarse a más tardar el 16 de abril.
Situación del Estado venezolano ante la CPI
Al respecto, diversas opiniones surgieron en redes sociales, considerando la medida como una concesión en favor del gobierno venezolano. Algunas voces como la diputada Delsa Solórzano desestimaron esa interpretación, señalando que la prórroga no es una concesión sino, al contrario, una forma de ejercer presión sobre Maduro.
“La CPI no se deja engañar por las pretensiones de la dictadura de simular una falsa reforma del sistema de justicia”, dijo Solórzano.
En medio de ese escenario, El Nacional entrevistó a la experta en Derecho Internacional, Soranib Hernández de Deffendini. Aclaró que la prórroga de la CPI tuvo lugar a raíz de que el gobierno de Maduro, en una maniobra para retrasar el proceso, solicitó el 3 de enero que el fiscal le enviara información que precisara los hechos que están bajo investigación.
¿Por qué la CPI dio un plazo de tres meses al Estado venezolano?
Como se mencionó, el 16 de enero era la fecha establecida para que el Estado declarara qué ha hecho para investigar e imputar a los responsables de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, solo 13 días antes, el gobierno pidió al fiscal Karim Khan que le detallara cuáles son concretamente los hechos que la Corte investiga.
